Consecuencias de la Ley de Hidrocarburos

Consecuencias de la Ley de Hidrocarburos

A diferencia del sector eléctrico mexicano, hasta la fecha, el marco legal del sector de hidrocarburos no ha sido objeto de modificaciones. Cabe mencionar que el proyecto de la Ley de Hidrocarburos no propone modificar el marco legal, en materia de exploración y extracción de hidrocarburos.

Sin embargo, organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana o Coparmex han manifestado que el proyecto de ley genera incertidumbre en el sector y expone al país a ramificaciones legales tanto a nivel local como internacional.

Las disposiciones del proyecto de ley que merecen especial atención incluyen aquellas que proponen revocar los permisos a su entrada en vigor, si no se cumplen los requisitos impuestos por las autoridades competentes.

Además, el silencio administrativo y la inactividad para justificar la denegación de solicitudes de permisos se han convertido recientemente en algo común con respecto a nuevas inversiones en el sector de combustibles mexicano. Los inversores han experimentado graves retrasos en la solicitud de permisos, como señaló el año pasado Michael J. Sommers, presidente y director ejecutivo del American Petroleum Institute (API), en una carta dirigida al entonces secretario de Estado Michael R. Pompeo, entre otros altos funcionarios. en los Estados Unidos.

Suspensión de permisos

La reforma propuesta a la Ley de Hidrocarburos con respecto a la suspensión de permisos es un tema que los inversores privados deben vigilar de cerca. El proyecto de ley establece que la autoridad puede suspender un permiso ante un «peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional».

Esto es preocupante por varias razones, incluido el hecho de que dichos términos son excesivamente amplios, por lo que podrían conducir a decisiones arbitrarias en detrimento de los inversores privados. Adicionalmente, el proyecto de ley permitiría que Pemex se hiciera cargo de la «administración y operación del permisionario» mientras las autoridades lo decidan, situación que generaría mayor incertidumbre entre los inversionistas y potenciales abusos por parte del Estado mexicano. De hecho, tales suspensiones podrían considerarse expropiaciones de facto.


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